En un auto, que fue notificado ayer a las partes del caso, Garzón imputa a Cavallo 53 nuevos casos de personas secuestradas y desaparecidas, 32 de las cuales lo fueron antes de enero de 1979; así como 58 de otras tantas personas que, tras ser presuntamente retenidas y torturadas por los militares, recuperaron posteriormente la libertad, según las mismas fuentes.

De los 58 casos de detención ilegal, torturas y posterior puesta enlibertad, 38 se produjeron también antes de enero de 1979, según las mismas fuentes.

De esta forma, Garzón amplía la ya larga lista de casos por los que el pasado 1 de septiembre procesó a Cavallo por los delitos de genocidio, terrorismo y torturas, presuntamente cometidos durante la dictadura argentina (1976-1983).

En dicho auto de septiembre, Garzón considera probado que Cavallo, como miembro de la Escuela Superior de Mecánica de la Armada (ESMA), participó en "allanamientos, ejecuciones, muert, detención, secuestros y apropiación de bienes de las víctimas elegidas, actuación que compatibiliza al parecer con la de estudiante de una Universidad como cobertura".

A partir de enero de 1979, según la investigación llevada a cabo por Garzón, Cavallo pasó a integrarse en el Area de Inteligencia", pasando a participar "en las torturas que en forma sistemática se practican sobre los detenidos".

Cavallo, conocido por los alias de "Sérpico" y "Marcelo", se encuentra detenido en México desde el paado 24 de agosto, después de que la Interpol ejecutara la orden de busca y captura internacional emitida por el juez de la Audiencia Nacional Guillermo Ruiz Polanco, quien esos días se encontraba de guardia.

El pasado 29 de septiembre, el Consejo de Ministros acordó demandar a las autoridades mexicanas la extradición de Cavallo, dando luz verde a la petición que les había remitido en este sentido el juez Garzón dos semanas antes. Los tribunales de México aún no han tomado una decisión al respecto.

Con Cavallo, son ya 99 los militares argentinos procesados por Garzón en el caso de los cerca de 600 españoles desaparecidos durante la dictadura argentina.

El juez Garzón inició las investigaciones de este caso a raíz de la denuncia presentada en su día por la Unión Progresista de Fiscales. En la causa se personaron posteriormente Izquierda Unida, la Asociación Argentina Pro Derechos Humanos y la Organización de Solidaridad para Asia, Africa y América Latina.