En declaraciones a Servimedia, Pérez San Francisco dijo que "el hecho y el fundamento" de la intervención de la justicia española en este asunto son idénticos a los del "caso Pinochet". "Son delitos graves cometidos en el extranjero contra ciudadanos españoles y, al no ser perseguidos y castigados en debida forma en el extranjero, viene atribuida la competencia en virtud de la legislación española a nuestro propio país, por lo que el juez Garzón no hace, en nuestra opinión, más que cumplir con la legalidad vigente", indicó.

Añadió que el Gobierno argentino tiene la obligación de colaborar con la justicia española, en virtud de los acuerdos y tratados internacionales suscritos por mbos países, pero matizó que a éstos se les suele hacer caso omiso cuando afectan a los intereses políticos de una nación concreta en un determinado momento.

"Ignoro en este momento qué tratados suscritos hay con Argentina en materia de cooperación jurisdiccional, pero en principio, si existen, deberían cumplirse", concluyó el portavoz de esta asociación.