En su escrito, el fiscal jefe de la Audiencia Nacional argumenta que Garzón no puede procesar a Cavallo porque el gobierno de Argentina dictó en su día dos leyes por las que los militares de dicho país fueron amnistados respecto de los delitos cometidos durante la dictadura. "No existe ningún Tribunal Internacional que haya decretados que las leyes de amnistía dictadas por la República Argentina sean fraudulentas o contrarias al Derecho Internacional", añade.

Además, recuerda que, según la Carta de las Naciones Unidas, "todo Estado soberano tiene el legítimo derecho de resolver los horrores de su pasado en la forma en que sus mayorías democráticas lo estimen conveniente y necesario".

Fungairiño destaca, ente otras cosas, que la Ley Orgánica del Poder Judicia "previene limitaciones a la jurisdicción española cuando el hecho (criminal) haya sido indultado".

Garzón procesó a Cavallo el pasado 1 de septiembre por los delitos de genocidio, terrorismo y torturas, como paso previo a la petición de extradición que las autoridades españolas deberán remitir a México, donde el ex militar argentino se encuentra detenido desde el pasado 24 de agosto por orden de la Audiencia Nacional.

Por su parte, la acusaciónejercida por la Asociación Libre de Abogados, la Asociación Argentina Pro Derechos Humano, la Asociación contra la Tortura e Iniciativa per Catalunya ha solicitado al juez Garzón la extradición de Ricado Miguel Cavallo.

La acusación recuerda que para los casos de extradición existe un acuerdo de Asistencia Mutua en Materia Penal entre el Reino de España y los Estados Unidos Mexicanos, suscrito el 17 de junio de 1980.

99 PROCESADOS

Con Cavallo, conocido con los alias de "Serpico" y "Marcelo", so ya 99 los militares argentinos procesados por Garzón en el caso de los cerca de 600 españoles desaparecidos durante la dictadura argentina.

En un auto de 196 folios, Garzón considera probado que Cavallo, como miembro de la Escuela Superior de Mecánica de la Armada (ESMA), participó en "allanamientos, ejecuciones, muerte, detención, secuestros y apropiación de bienes de las víctimas elegidas, actuación que compatibiliza al parecer con la de estudiante de una Universidad como cobertura".

A partir e enero de 1979, según la investigación llevada a cabo por Garzón, Cavallo pasó a integrarse en el Area de Inteligencia, pasando a participar "en las torturas que en forma sistemática se practican sobre los detenidos".

Para el juez, a Cavallo le son imputables "todos y cada uno" de los delitos cometidos en la ESMA entre 1976 y 1979 y añade que en el grupo de responsables militares permanentes de la Escuela Superior de Mecánica de la Armada figura el argentino ahora procesado. "Es uno de los pocos oficales que pasan por todas y cada una de las acciones allí cometidas", asegura Garzón.

En su auto, Garzón cifra en unos 5.000 el número de personas que fueron detenidas por la ESMA entre 1976 y 1983, de las que 248 aún continúan en paradero desconocido. De estas, el juez imputa al ex militar 227 desapariciones.

Asimismo, el titular del juzgado central de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional acusa a Cavallo de haber participado en 110 de los 128 casos de personas detenidas ilegalmente y lueo liberadas tras ser torturadas.

Además, el juez implica al ex militar argentino en los 16 casos de mujeres embarazadas que parieron en la ESMA y que todavía hoy permanecen desaparecidas, igual que sus hijos recién nacidos, que fueron secuestrados y entregados a familias relacionadas con el régimen.

El ex militar argentino ha sido reconocido por numerosos supervivientes como su torturador, especialmente desde que se difundieron las imágenes de su detención en México.

El juez Garzón inició la investigaciones de este caso a raíz de la denuncia presentada en su día por la Unión Progresista de Fiscales. En la causa se personaron posteriormente Izquierda Unida, la Asociación Argentina Pro Derechos Humanos y la Organización de Solidaridad para Asia, Africa y América Latina.