El pasado 27 de junio, los magistrados rechazron el recurso de la Fiscallia de la Audiencia Nacional contra la decisión del juez Baltasar Garzón de concluir la investigación con respecto a Scilingo para que fuese juzgado por los crímenes de los que se le acusa.

Scilingo se encuentra procesado, desde noviembre de 1999, por el asesinato de 28 personas en los denominados "vuelos de la muerte", en los que se arrojaban prisioneros desnudos y sedados desde un avión al mar de La Plata.

Para los magistrados, la decisión de Garzón fue correcta, dadoque hay elementos suficientes para el enjuiciamiento por separado de Sicilingo, quien fue procesado en su día junto con otras 97 personas por delitos cometidos durante la dictadura de la República Argentina.

Sin embargo, la Fiscalía de la Audiencia Nacional no está de acuerdo y ha solicitado la nulidad del auto de apertura de juicio oral, por considerar que se ha causado indefensión al Ministerio Público y que se ha roto la continuidad de la causa.

En cuanto al primero de los argumentos, la Fiscaía de la Audiencia Nacional considera que "el no dar traslado al Ministerio Fiscal en la fase de instrucción de la totalidad del procedimiento equivale al cercenar el conocimiento del mismo, e impedir que pueda instar los medios de prueba necesarios" para apoyar su postura.

En cuanto a la continuidad de la causa, el Ministerio Fiscal sostiene que no puede cerrarse la investigación con respecto a Scilingo y continuar con respecto al ex militar Miguel Angel Cavallo, alias "Serpico" y extraditado este fi de semana a España en relación a este caso.

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Además, la fiscalía plantea también un artículo de previo y especial pronunciamiento, consistente en el sobreseimiento libre con archivo y nulidad de las actuaciones. Argumenta las mismas razones que ya ha esgrimido sin éxito en anteriores ocasiones.

Así, afirma que España no es competente para conocer de los delitos cometidos por ciudadanos no españoles, fuera de nuestro territorio nacional, durante las dictaduras de Argentina y Chile.

demás, defiende que los delitos que se investigan han prescrito y que los hechos que se se tratan de esclarecer son "cosa juzgada".

"Tanto en Argentina como en Chile, se han dado unas medidas jurídicas -adoptadas por parlamentos elegidos democráticamente- con la finalidad de extinguir la responsabilidad criminal para la mayoría de los crímenes realizados durante el periodo de sus respectivas dictaduras", afirma, en referencia a las leyes de Punto Final y de Obediencia Debida (Argentina) y de Arrepentiiento (Chile).

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Este caso comenzó en 1997, cuando el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón admitió a trámite la querella presentada por la Unión Progresista de Fiscales (UPF) contra Pinochet y otros mandatarios de las Fuerzas Armadas y de Seguridad de Chile por un presunto delito de genocidio cometido durante la dictadura, concretamente por la desaparición asesinato de 4.000 personas.

Posteriormente, en 1998, Garzón se hizo cargo del caso, después de que García Castellón dcidiera abandonar la investigación e inhibirse a favor del titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, quien investigaba las desapariciones y asesinatos perpetrados en la dictadura de Argentina. Ambas causas se unificaron al tener nexos comunes, como la denominada "Operación Cóndor".