La Fiscalía insiste en que la jurisdicción española no tiene competencia para juzgar delitos de genocidio, terrorismo y torturas y que, en todo caso, esta facultd debe ser examinada por tribunales superiores.

Asimismo, señala que si bien la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) establece el principio de persecución universal para delitos como el genocidio, lo cierto es que esta norma entró en vigor en 1985 y no puede aplicarse retroactivamente.

Según la Fiscalía de la Audiencia Nacional, con la LOPJ "España se obliga a perseguir el delito de terrorismo en el ámbito universal, con posterioridad a los actos criminales recogidos en el auto de procesamiento dictado por Garzón contra la cúpula militar argentina.

"La jurisdicción española no puede enjuiciar los hechos ocurridos durante el periodo de las Juntas Militares aunque las víctimas sean españolas", añade.

Además, la Fiscalía de la Audiencia Nacional insiste en que algunos de los integrantes de las Juntas Militares y otros de menor rango ya fueron juzgados por los mismos hechos en Argentina y posteriormente indultados.

"Se trata de una serie de medidas jurídicas internas artentinas, adoptdas por un parlamento elegido democráticamente, con la finalidad de extinguir la responsabilidad criminal para la mayoría de los crímenes realizados durante el periodo de las Juntas Militares", añade la Fiscalía. "Estas medidas [...] sí afectan a nuestro ordenamiento jurídico interno, incluso teniendo en cuenta que en España no son posibles las amnistías ni indultos generales".

En este sentido, recuerda que la LOPJ impide la acción de la justicia española para aquellos casos en los que el delincuente aya sido absuelto, indultado o condenado en el extranjero.

CADA UNO EN SU CASA Y DIOS...

Por último, el departamento de Eduardo Fungairiño echa mano de la Carta de las Naciones Unidas, que está basada en el principio de la igualdad soberana de todos sus miembros. En consecuencia, todo país soberanos tiene el legítimo derecho de resolver los horrores de su pasado, en la forma en que sus mayorías democráticas [...] lo estimen conveniente y necesario".

Por todas estas razones, la Fiscalía dela Audencia Nacional pide que se revoque el auto de procesamiento contra la cúpula militar argentina, se concluya el sumario y se archive el caso, el cual, insiste, sólo puede ser estudiado por los propios tribunales argentinos o por un Tribunal Internacional Penal.

Baltasar Garzón procesó a un total de 98 militares argentinos, entre ellos a Jorge Rafael Videla, a Emilio Eduardo Massera y a Adolfo Francisco Scilingo, en el caso de desaparecidos españoles durante la dictadura castrense.

El juez Garzón iició las investigaciones de este caso a raíz de la denuncia presentada en su día por la Unión Progresista de Fiscales. En la causa se personaron posteriormente Izquierda Unida, la Asociación Argentina Pro Derechos Humanos y la Organización de Solidaridad para Asia, Africa y América Latina.