Con este argumento, el fiscal Pedro Rubira se opone a que España pida la extradición de 26 de los 42 ex militares detenidos en Argentina por el caso de los desaparecidos españoles durante la dictadura en dicho país ((1976-1983), según un escrito hecho público hoy.

El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu, en sustitución de su colega Baltasar Garzón, pidió a las partes un informe sobe la conveniencia de solicitar la extradición de 26 de los 42 detenidos. La acusación particular ya se ha mostrado partidaria de que España realice tal petición.

Hoy, en un escrito de 17 páginas, la Fiscalía de la Audiencia Nacional considera que "no existen motivos que permitan solicitar la extradición".

Además, sostiene que el principio de territorialidad prevalente debe favorecer a Argentina, "que es el Estado donde se encuentran las pruebas y donde puede celebrarse un juicio contra los procesdos con mucha mayor atención a los principios generales de publicidad, oralidad, concentración e inmediación".

Asimismo, el fiscal se refiere en su escrito a los primeros pasos que el Congreso de Argentina está dando para abolir las denominadas "leyes de impunidad", es decir, la de Punto Final y la de Obediencia Debida.

"El cambio político y judicial está determinando la apertura de procedimientos contra los militares argentinos y el inicio de la nulidad" de las citadas leyes, dice el fiscal. "Nopuede aceptarse que tras los acontecimientos que está viviendo la República Argentina sea necesario la intervención de la jurisdicción española en virtud del principio de la jurisdicción universal".

LA MISMA LINEA

En su escrito, mantiene la misma línea que viene defendiendo en este caso y que se basa en que España no es competente para conocer de los delitos cometidos por ciudadanos no españoles, fuera de nuestro territorio nacional, durante las dictaduras de Argentina y Chile.

Además, el deparamento que dirige Eduardo Fungairiño sostiene que los delitos que se investigan han prescrito y que los hechos que se tratan de esclarecer son "cosa juzgada".

El hecho de que no se haya preguntado por la extradición de los 46 ex militares se debe a que las detenciones tuvieron lugar entre el 24 y el 26 de julio y por bloques, de modo que en la Audiencia Nacional sólo se tiene constancia de los primeros 26 arrestos.

Fue a principios de este mes de julio cuando el juez Garzón ratificó la orden de bsqueda y captura internacional que dictó el 30 de diciembre de 1999 contra 48 de los 98 militares argentinos a los que procesó un mes antes por la desaparición de españoles durante la citada dictadura (1976-1983)

A finales del pasado mes de julio, el presidente argentino, Néstor Kirchner, derogó el decreto que impedía desde el año 2001 la extradición a países terceros de represores de la dictadura militar.

Este caso comenzó en 1997, cuando el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón dmitió a trámite la querella presentada por la Unión Progresista de Fiscales (UPF) contra Pinochet y otros mandatarios de las Fuerzas Armadas y de Seguridad de Chile por un presunto delito de genocidio cometido durante la dictadura, concretamente por la desaparición asesinato de 4.000 personas.

Posteriormente, en 1998, Garzón se hizo cargo del caso, después de que García Castellón decidiera abandonar la investigación e inhibirse a favor del titular del Juzgado Central de Instrucción número 5,quien invstigaba las desapariciones y asesinatos perpetrados en la dictadura de Argentina. Ambas causas se unificaron al tener nexos comunes, como la denominada "Operación Cóndor".