La Fiscalía insiste en que la jurisdicción española no tiene competencia para juzgar delitos de genocidio, terrorismo y torturas y que, en todo caso, esta facultad debe ser examinada por tribunales superiores. Además, alega que los militares procesados ya fueron juzgados por esos delitos en Argentina.

Baltasar Garzón procesó a un total de 98 militares argentinos, entre ellos a Jorge Rafael Videla, a Emilio Eduardo Massera y a Adolfo Francsco Scilingo, en el caso de desaparecidos españoles durante la dictadura castrense.

De las 186 personas que estaban imputadas en el caso, Garzón procesa a 98, a las que acusa de los delitos de genocidio, torturas, asesinatos, apropiación de menores, secuestro, desaparición y violación, entre otros.

El titular del juzgado de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional ordena la busca y captura internacional de los 98 procesados, en "caso de ser habidos en cualquier país del mundo a efectos de exradición".

El juez Garzón inició las investigaciones de este caso a raíz de la denuncia presentada en su día por la Unión Progresista de Fiscales. En la causa se personaron posteriormente Izquierda Unida, la Asociación Argentina Pro Derechos Humanos y la Organización de Solidaridad para Asia, Africa y América Latina.

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