En un comunicado de prensa, la Fiscalía Genera del Estado aclara que lo único que ha ocurrido es que en la reunión de la Junta de Fiscales del pasado 10 de diciembre no se facilitó a todos sus miembros copia del informe de la Unión Progresista de Fiscales porque éste fue remitido con un solo día de antelación, y no dio tiempo.

Asimismo, no se proporcionaron tampoco los informes de los jueces Baltasar Garzón y Manuel García Castellón, favorables a la competencia de los tribunales en las causas citadas, porque estos magistrados no remitieron copiala Fiscalía del Estado.

Por contra, sí se facilitó un documento de trabajo de la Secretaría Técnica del Fiscalía del Estado y una comunicación, de 18 de abril de 1996, en la que el entonces titular de la Fiscalía, Carlos Granados, contestaba a una petición de instrucciones por parte del fiscal jefe de la Audiencia Nacional sobre cómo debía actuar en este caso.

La respuesta de Granados fue que "el fiscal deberá interesar que se dicte auto de archivo declarando la incompetencia de la jurisdicción acional para conocer de los hechos objeto de denuncia, y el consiguiente archivo de las diligencias".

Según la Fiscalía del Estado, "la Unión Progresista de Fiscales falta a la verdad cuando acusa al fiscal general de ocultar documentación a los fiscales de Sala, a la vez que sería conveniente que los escritos que esa organización pretenda que se estudie en Junta de Fiscales los remita con la antelación suficiente para incluirla entre la documentación, si se estimara conveniente, y no con un día de anelación, como ocurrió en este caso".