En un comunicado, Amnistía apela a las responsabilidades internacionales que el Goberino tiene asumidas mediante su adhesión a los pactos y convenios internacionales.

"Si Ricardo Miguel Cavallo esresponsable de actos de tortura, el siguiente paso debe ser ponerlo a disposición judicial", manifestó la organización, que considera que el Ejecutivo español no puede someter los argumentos del juez a un estudio y control político.