En dicho escrito, la acción popular considera que han de ser "562.500 millones de pesetas la cantidad en que deben ser resarcidas las víctimas por parte de los 99 procesados (...) y por todos aquellos que resultaren criminalmente responsables de los delitos" que investiga arzón en este caso sobre el secuestro y la desaparición forzada de 10.000 personas.

El juez Garzón inició la investigación de este caso a raíz de la denuncia presentada en su día por la Unión Progresista de Fiscales. En la causa se personaron posteriormente Izquierda Unida, la Asociación Argentina Pro Derechos Humanos y la Organización de Solidaridad para Asia, Africa y América Latina.

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