El Ministerio de Administraciones Públicas solicitó a todos los ministerios, tras la aprobación a finales de septiembre de la reforma estatutaria en la Cámara catalana, que enviaran informes sobre los efectos concretos que el nuevo Estatuto tendría sobre sus competencias.

Fuentes gubernamentales explicaron a Servimedia que ya están llegando a La Moncloa los primeros textos de los ministerios, en los que se apuntan "problemas" destacados, tanto desde el ámbito competencial como en los retrasos que se podrían producir en la aplicación a los ciudadanos de determinadas leyes o medidas.

Por ejemplo, las ayudas que, en ocasiones, ponen en marcha ministerios como el de Agricultura, el de Industria o el de Fomento para paliar los efectos de la sequía, de la carestía del petróleo u otras razones, obligarían a contar, en el caso catalán, con una ley estatal, con su correspondiente proceso de aprobación, y una ley autónomica posterior, que retrasaría "enormemente" la llegada de los fondos.

"La implantación de determinadas medidas urgentes de apoyo -pusieron como ejemplo las fuentes consultadas por Servimedia- podrían perder todo su sentido con la tramitación de dos leyes", advirtieron, y así lo están haciendo saber a Presidencia del Gobierno con el fin de afrontar con las mayores garantías el proceso de reforma del Estatuto catalán.

Además, este Estatuto también afecta a competencias destacadas como la normativa de las cajas de ahorros, de las aseguradoras u otras entidades financieras, que tendrían una doble regulación, de carácter distinto, en función de que desarrollen su actividad en Cataluña o en el resto de España.