Izquierda Unida, partido que promovió la denuncia que acabó motivando la dimisión de Collado como presidente regional, le acusaba de comprar unos terrenos a un precio muy superior al de mercado, y cederlos luego a la General Electric.

El auto judicial dado a conocer hoy a las partes indica que "se hizo una prolija investigación, con resultado negativo, de las cuentas bancarias de las sociedades que intervenieron en las ventas de la comunidad autnoma, tanto con anterioridad como con posterioridad a las transmisiones, por lo que cabe concluir que no existen indicios de entrega de dinero, dádiva o comisión".

El tribunal murciano considera también no hubo prevaricación (dictar resoluciones injustas a sabiendas) ni tampoco se ha malversación de fondos públicos, porque la Asamblea regional, mediante ley, concedió el crédito para la adquisición de terrenos y otros bienes en los que supuestamente se habrían producido esas irregularidades.

Asimimo, el auto del Tribunal critica a la Sección Cuarta de la Audiencia de Murcia, al señalar que la citada sala "ha llegado a efectuar declaraciones para las que no es competente" y que "ninguna norma legal le permite plantear cuestiones de competencias a un tribunal superior".

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, Francisco Martínez Múñoz, dijo hoy a Servimedia, tras el estudio exhaustivo realizado, "no hay ninguna cuestión de hecho que sea tipificable en el Código Penal, ni de Colado ni de otra posible persona que pudiese estar sometido a juez ordinario".

Contra el archivo de las diligencias cabe presentar un recurso de súplica, que deberá resolver la misma Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia Murcia.

El abogado de Izquierda Unida, Joaquín Dolera, dijo que es "sumamente desafortunado" el auto del TSJM "desde el punto de vista social y jurídico, ya que se da un carpetazo precipitado a una investigación que debe ir dirigida a esclarecer los hechos y a depurar esponsabilidades, que han costado a los murcianos más de 1.800 millones de pesetas, pagados de más, por unos terrenos de la finca Casagrande que luego fueron cedido a la instalación de la multinacional General Electric".

Asimismo, Dolera dijo que "nadie debe cantar victoria antes de tiempo, ya que no es la primera vez que se ha decretado el archivo del caso y se han reabierto diligencias".

Por su parte, el presidente de la Asamblea regional, José Plana, dijo que "el archivo de 'caso Casagrande' e una buena noticia y me alegro de que se haya producido. Nosotros siempre hemos mantenido que no había responsabilidades penales, sino políticas en este asunto que promovió IU".