Aranzadi afirmó que "hay que separar lo que es el ámbito legítimo de una negociación, de lo que son actuaciones ilegales y violentas que no tienen justificación en un sistema democrático".

"Las medidas que se plantean", continuó, "tienen su ámbito de negociación, y las acciones como la quema de unParlamento deben tener la más clara y profunda condena".

También pidió a los sindicatos mayoritarios de Murcia que muestren su protesta contra estos acontecimientos, "de la misma forma que condenaron los actos de incontrolados en Asturias".

Aranzadi aseguró que "la política industrial no se modificará como consecuencia de estas violencias", a las que negó cualquier justificación en las reivindicaciones que están realizando los sindicatos murcianos, contra el declive industrial que padece la comundad autónoma.

El responsable de Industria recordó que las protestas de los últimos días en Cartagena no se corresponden con el proceso de diálogo acordado en las reuniones mantenidas con los agentes sociales murcianos, sindicatos y patronal.

Añadió que "en la reunión con los sindicatos acordamos que los ajustes com implicación laboral se discutirían en las empresas afectadas por esatas medidas, y que en las iniciativas globales de reindustrialización para la comunidad autónoma, el único interlocuor válido sería el Gobierno regional", a pesar de incluir programas en colaboración con el Gobierno central.

El ministro dijo que mantendrá el próximo lunes otra reunión con el presidente murciano, Carlos Collado, para seguir discutiendo la crisis industrial murciana, y rechazó que, "obligatoriamente", la situación de Murcia deba resolverse con un programa de recuperación industrial similar al aplicado en Asturias.

REPLICA DE CCOO

Por su parte, la dirección de CCOO culpó hoy a las fuerzas de seuridad, destacadas en la manifestación de trabajadores ante el parlamento de Murcia, de "provocar" un clima violento en la capital de la región y pidió públicamente la dimisión de la delegada del Gobierno, Concepción Saénz, "por covertir un conflicto laboral en un grave poblema de orden público".

En una nota difundida hoy, la central expresa "la más rotunda condena por la brutal intervención policial contra los trabajadores concentrados frente a la Asamblea regional en Cartagena, pertenecientes a varis empresas en crisis de la comarca, y que provocó un trágico clima de volencia durante más de doce horas".

Según el sindicato, no se libraron de "la irracional carga policial", ni trabajadores, ni periodistas, ni diputados regionales que, en aquel momento, se disponían a participar en una sesión de la Asamblea.

Por su parte, la delegada del Gobierno en Murcia asumió hoy, en declaraciones a RNE, toda la responsabilidad de la actuación de la policía con los manifestantes, y justificó la medida en s obligación de hacer que "los parlamentarios puedan ejercer libremente su derecho".