Según informaron a Servimedia fuentes de Industria, tanto en el ministerio como en la CSI están convencidos de que forzar ahora una decisión de los "doce" sobre plan de reestructuración siderúrgico español no haría más que perjudicarlo, ya que están en marcha mdidas similares en otros países de la comunidad a las que podría servir de "aviso ejemplar" un rechazo de la propuesta española.

Además, en el departamento de Claudio Aranzadi no olvidan el uso electoral que podría hacer la oposición de las cesiones que, llegado el caso, tendría que aceptar el Gobierno español para salvar el grueso del programa de reestructuración para Ensidesa y Altos Hornos de Vizcaya (AHV).

El inconveniente que las fuentes consultadas ven en esta medida es el deterioro industral que supone para la CSI mantenerse aún más tiempo sin aplicar su plan industrial, y la imposibilidad de hacer frente a unas pérdidas aún mayores, que obligarían a pedir a la CE permiso para recibir más dinero del Estado español.

Para evitar este efecto, la dirección del "holding" siderúrgico hara uso del único instrumento que no requiere consenso de la CE, el de la reducción de plantillas. De los 9.185 trabajadores que deben dejar su puesto, 2.000 lo hicieron el pasado mes de febrero, otros 2.000 loharán en 1993, y la dirección propondrá a los que aún no tienen que causar baja que adelanten su salida para mitigar las pérdidas en la cuenta de resultados.

No obstante, los responsables de Industria y de la CSI coinciden en algunos aspectos fundamentales, como el de negarse en rotundo a aceptar la supresión del proyecto para construir una acería compacta en Sestao o limitar aún más la capacidad del eje de producción coordinada de acero integral de las factorías de Veriña y Avilés, en Asturias.

SOCOS PRIVADOS

Para salvar el proyecto de la factoría de Sestao, la opción que ha elegido el Gobierno español y la CSI es buscar un socio privado para que particpe financiera e industrialmente en el proyecto, lo que impediría a la CE calificar los 70.000 millones de pesetas, que cuesta la fábrica, como ayudas públicas en forma de inversiones directas del Estado.

Los responsables de la CSI aseguran que las conversaciones con otras empresas siderúrgicas nacionales y extranjeras en torno a esta cuestió se han intensificado en las últimas semanas y, aunque aseguran que todavía no existen acuerdos concretos, no descartan que pueda cerrarse un compromiso con uno o varios accionistas potenciales antes de que los "doce" vuelvan a tratar la cuestión en el verano.

Lo que sí esta claro de todos estos contactos, que comenzaron hace más de tres meses, es que la posibilidad inicial de que la empresa española Aristráin participe en el proyecto de Sestao se ha ampliado notablemente, y que, en cualquier caso, el"paquete" de acciones que la CSI cedería al sector privado nunca superará el 50 por cien.

Un acuerdo de estas características, descargaría notablemente el importe de las cantidades de inversión pública a las que la CE tiene que dar su visto bueno, en principio, unos 600.000 millones de pesetas, por lo que las únicas cesiones que podría hacer el Gobierno español son las que afectan al volumen de trabajadores excendentes propuesto (9.185).