Este punto recoge la autorización para la celebración de contratos de cesión de derechos de uso de agua entre la Comunidad autónoma de Cataluña y los usuarios de la demarcación de la Confederación Hidrográfica del Ebro.

Aragón se basa en los informes jurídicos encargados hace unas semanas y en los que se plantea la inconstitucionalidad de este precepto por vulnerar el artículo 72.3 del Estatuto de Autonomía de Aragón, según el acuerdo adoptado hoy en una reunión extraordinaria del Consejo de Gobierno.

También ha decidido reclamar al Gobierno central la "inmediata retirada" del decreto-ley aprobado el pasado 21 de abril "dado que las últimas precipitaciones han permitido superar las necesidades que motivaron ese decreto".

Aragón recuerda que, de la emergencia de finales del mes de marzo (el agua embalsada en el sistema Ter-Llobregat rondaba los 122 hectómetros cúbicos), se ha pasado a un nivel de emergencia de nivel I (por encima de los 180 hectómetros cúbicos y en continuo ascenso), situación que, enjuicia, "únicamente exige medidas de ahorro para garantizar el abastecimiento".

Además, Aragón ha decidido requerir al Gobierno catalán para que reconozca formalmente que se han superado las circunstancias de excepcionalidad y le insta a que se abstenga de realizar "cualesquiera actuaciones amparadas en el citado real-decreto ley al no existir cobertura legal de las mismas".