El objetivo de esta normativa es adaptar adaptar la legislación al nuevo contexto social, puesto que la actual ley era de 1987. Entre los motivos destaca el desarrollo del nuevo Estatuto de Autonomía de Aragón, pues contempla el desarrollo de un sistema público de servicios sociales dentro de la competencia de la acción social, exclusiva de la Comunidad Autónoma.

El nuevo texto introduce un catálogo del sistema público de servicios sociales de Aragón, que determinará el conjunto de prestaciones del Sistema Público de Servicios Sociales de Aragón que se desarrollará con posterioridad.

Ese catálogo fijará aquellas prestaciones y servicios de carácter esencial o exigible configuradas como derecho subjetivo determinando las condiciones de acceso en concordancia con la normativa específica.

El principio de participación, con la necesidad de tener en cuenta un órgano como el Consejo Aragonés de Servicios Sociales, la financiación y el desarrollo posterior de la ley, son otros de los elementos que recoge el borrador del anteproyecto, según informó el Ejecutivo aragonés.