Estas prácticas se producen normalmente con grupos o familias enteras de trabajadores extranjeros, en uchos casos gitanos portugueses, que son víctimas de sus propios patriarcas o jefes. El cabecilla suele negociar un precio con el agricultor contratante y cobra las retribuciones de todo el grupo, pero luego paga a los miembros del clan menos dinero del que les corresponde.

Las autoridades insisten a los empresarios para que nunca paguen a un apoderado, sino que satisfagan los salarios persona a persona para luchar contra estos abusos.

En lo que va de año, en Aragón se han practicado tres detencines y se han aplicado las primeras sanciones ante las denuncias presentadas por algunos temporeros, según Labena.

Además, durante la pasada campaña estival el Gobierno de Aragón efectuó 70 visitas de control a explotaciones agrícolas, fruto de las cuales se levantaron 7 actas de infracción por una cuantía global de casi 5 millones de pesetas y un acta de liquidación de cuotas por importe de casi 600.000 pesetas.

Una de las actas de infracción se extendió en materia de prevención de riesgos por fata de comedores, vestuarios y alojamientos adecuados, mientras que el resto tuvieron su origen en cuestiones relacionadas con el cumplimiento de las obligaciones con la Seguridad Social.