El Tribunal de Defensa de la Competencia será el principal responsable de garantizar la existencia de una competencia efectiva en los mercados de ámbito autonómico. Para ello realizará las funciones de resolución de expedientes, autorización con carácter excepcional de conductas potencialmente restrictivas de la competencia y realización de informes.

Además, el Tribunal Autonómico prestará una labor de apoyo al Tribunal de Defensa de la Competencia Estatal cuando éste así lo requiera. El Tribunal de Defensa de la Competencia es un órgano colegiado. Consta de cinco miembros, presidente y cuatro vocales, todos ellos designados por Decreto del Gobierno de Aragón, entre profesionales de reconocido prestigio y contrastada cualificación técnica. Los miembros tienen un mandato de cinco años, renovable por una sola vez.

Por su parte el Servicio de Defensa de la Competencia es un órgano administrativo del Departamento de Economía y Hacienda y cuya responsabilidad es la de vigilar, inspeccionar e investigar conductas restrictivas de la competencia.

Las principales funciones que realizará en el cumplimiento de esos objetivos serán: instruir expedientes de conductas sobre las que debe pronunciarse el Tribunal, vigilar la ejecución y el cumplimiento de las resoluciones del Tribunal y realizar estudios e informes que sirvan para detectar posibles fallos del juego de la libre competencia.

Hasta el momento se han constituido órganos de Defensa de la Competencia en siete comunidades autónomas: Cataluña, Murcia, Galicia, Madrid, País Vasco, Comunidad Valenciana y Extremadura.

Los modelos adoptados por cada una de ellas son diferentes, si bien el predominante es el adoptado también por Aragón, con la creación de un Tribunal de Defensa de la Competencia con independencia jerárquica y funcional de la Administración y un Servicio de Defensa de la Competencia adscrito administrativamente al respectivo Gobierno autónomo.