Según señalan los datos de un comunicado difundido por esta organización internacional de defensa de los derechos humanos, en el mes transcurrido entre el 15 de mayo y el 15 de junio de 1993, al menos ha habido siete decapitaciones más.

Cinco de las personas decapitadas, todas de nacionalidad extranjera, habían sido condenadas por tráfico de estupefacientes; las otras dos, de ciudadanía saudita, recibieron sentencias a muerte por robo a mano armada.

Amnistía Internacional expresa también su precupación porque las autoridades saudíez han podido aplicar a las víctimas la pena capital en procesos que no cumplieron las normas internacionales más elementales para la celebración de juicios con las debidas garantías.

La organización humanitaria insta, igualmente, al Gobierno de Arabia Saudí a que conmute todas las sentencias de muerte y limite el número de delitos punibles con ese castigo, para tratar de de abolir definitivamente la pena capital.

AI ha formulado un llamamiento a las autoridads con el fin de que investiguen de forma inmediata e imparcial todas las denuncias de tortura y para que las "confesiones" que puedan haberse obtenido bajo tortura no sean admitidas ante los tribunales.