El estudio resalta la "práctica inexistencia" de viviendas en alquiler en Madrid a precios asequibles, así como la esproporción existente entre las rentas exigidas a los usuarios y las precarias condiciones y características en que se entregan las viviendas.

Según la UCE, de las más de 7.500 ofertas de viviendas en alquiler estudiadas, sólo un 0,4 por ciento tenían un precio inferior a 40.000 pesetas al mes y menos de un 4 por ciento costaban por debajo de 60.000 pesetas al mes.

Otro 44,4 por ciento de las viviendas analizadas costaban al mes entre 60.000 y 100.000 pesetas y el 34 por ciento entre 100.000 y 10.000. Por encima de este precio se sitúan el 17 por ciento restante.

En cuanto a la relación entre el precio y la calidad, la UCE asegura que los mayores desajustes existen en las viviendas "teóricamente más asequibles", que son las más precarias, ya que, además de tener una superficie muy reducida, en muchos casos carecen de servicios imprescindibles, como WC, ventilación e iluminación natural.

Sin embargo, el estudio señala que son este tipo de viviendas las más caras por metro cuadrado, situádose el coste al mes en una media de 2.117 pesetas, frente a las 1.544 pesetas por metro cuadrado al mes que cuestan las viviendas con un alquiler de entre 100.000 y 150.000 pesetas.

CONTROLAR LAS CONDICIONES

Para la UCE, estos desajustes, "carentes de toda lógica y racionalidad", se producen como consecuencia de la falta de una regulación específica y de unos controles adecuados sobre las condiciones mínimas que las viviendas deben reunir para poder ser arrendadas.

Por ello, la UCE exigió hoylos poderes públicos que la modificación de la Ley de Arrendamientos Urbanos recoja, además de un plazo mínimo de duración de los contratos en alquiler de cinco años y una limitación a la subida de la renta en función del incremento del IPC, la regulación de las obligaciones inherentes a la condición de inquilino y propietario de la vivienda.

A juicio de la organización de consumidores, la modificación de esta normativa debe regular también los requisitos que las viviendas han de cumplir y los servicos con los que se deben ofertar en el mercado y entregar al inquilino.

Los responsables de la UCE exigen además que la nueva legislación articule mecanismos de denuncia y control para garantizar que las viviendas que se ofertan para alquilar cumplen los requisitos y ofrecen los servicios establecidos.