Impulsada por el Ministerio de Juventud e Infancia, la medida, ya anunciada, se engloba en un real decreto aprobado hoy en Consejo de Ministros.

Según el Ministerio que dirige Sira Rego, "responde al actual contexto excepcional" y a la "necesidad de actuar con urgencia y desde la corresponsabilidad de todas las administraciones públicas en la protección de los niños, niñas y adolescentes migrantes".

Estos 4,5 millones de euros permitirán financiar actuaciones clave para su protección, explicó, dirigidas a garantizar sus derechos en el ámbito de la vivienda, el acceso a recursos de aprendizaje y la integración sociocultural.

El Estado tiene la obligación de garantizar –a través de los sistemas de protección gestionados por las comunidades autónomas– el bienestar de todos los menores de edad, en especial de aquellos en situación de desamparo.

Así se recoge en el artículo 39 de la Constitución, mientras que el artículo 9 insta a los poderes públicos a "promover las condiciones necesarias para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integran sean reales y efectivas".

De ahí la transferencia de fondos a las comunidades y ciudades autónomas, responsables de la atención directa de estos menores.