La nueva normativa contempla tres categorías de productores, diferenciando a los obtentores, los seleccionadores y los multiplicadores, en función del material inicial o semillas por ellos producido, estableciendo las condiciones generales y los requisitos específicos necesarios para conseguir la autorización en cada una de las categorías.

Esta autorización será concedida por la comunidad autónoma donde radique su sede social. En caso de que las instalaciones y medios se encuentren en distintas comunidades autónomas, deberán elaborarse informes desde las distintas CCAA relacionadas sobre las circunstancias relevantes para su autorización.

El texto recoge igualmente una serie de obligaciones para los productores en sus tres categorías, que incluyen la formación para el personal técnico con el que trabajen, la conservación de los documentos correspondientes a las semillas y plantas de vivero adquiridas o importadas para producción, almacenaje o comercialización.

También se establece la obligación de presentar la documentación sobre las semillas y plantas que estén en proceso de producción, las expedidas a terceros o los registros de salidas y los controles y tomas de muestras realizados en el material producido.

Estos documentos y registros deberán estar a disposición de los organismos oficiales responsables, por lo que se deben conservar por un período mínimo de tres años.

El nuevo decreto detalla, por otra parte, los datos que se recogerán en el Registro nacional de productores de semillas y plantas de vivero, cuyo mantenimiento correrá a cargo de Medio Ambiente, a través de la Oficina Española de Variedades Vegetales, encargada de su actualización a partir de las comunicaciones que remitan las comunidades autónomas.