El objetvo de esta iniciativa, remitida para su aprobación al Congreso de los Diputados, es dejar claro que, como fija el artículo 41 de la Constitución, el Sistema de Seguridad Social se rige bajo los principios de universalidad, unidad, solidaridad e igualdad.

El proyecto trata de aclarar que cualquier prestación de carácter público que tenga como finalidad complementar, ampliar o modificar las prestaciones económicas de la Seguridad Social forma parte del sistema general, por lo que queda sujeta a los citaos principios.

El Ejecutivo persigue garantizar la igualdad de las pensiones en todo el territorio nacional, reforzando, además, el principio de solidaridad, ya que ante situaciones de necesidad las prestaciones serán las mismas.

Esta iniciativa del Gobierno, que ha contado con los dictámenes del Consejo Económico y Social (CES) y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), se produce tras las subidas y complementos de pensiones acordadas en varias comunidades autónomas, como Cataluña, Andaluca o Navarra.

En la norma aprobada hoy por el Consejo de Ministros se recogen diferentes medidas en materia de cotización y recaudación, como la introducción del interés de demora y una mayor flexibilidad en la concesión de aplazamientos.

Igualmente, se elimina la obligación de presentar determinados documentos de cotización con respecto a determinados regímenes especiales, y se perfeccionan los procedimientos recaudatorios seguidos frente al sector público.