Este proyecto de ley, además de dar carta de naturaleza al sistema vasco de garantía de ingresos e inclusión social, incorpora dos novedades esenciales en su estructuración. La primera es que la prestación denominada renta de garantía de ingresos, que ya está considerada como derecho subjetivo, se articula en tres modalidades.

La primera de ellas es la renta básica para la inclusión social, que se dirigirá, fundamentalmente, a las personas y unidades de convivencia que carecen de recursos económicos propios. Se fija en el 88% del SMI (616 euros mensuales) para las unidades convivenciales unipersonales y puede llegar hasta el 125% (875 euros mensuales) para unidades de cuatro o más miembros.

La segunda modalidad será la renta complementaria de pensiones para perceptores de pensiones tanto contributivas como no contributivas y se constituye como un nuevo derecho subjetivo. Se fija en el 100% del SMI y puede llegar hasta el 135% en el caso de unidades de convivencia de tres o más miembros.

La tercera modalidad será la renta complementaria de ingresos de trabajo para quienes disponen de rentas de trabajo, pero cuyo nivel mensual de ingresos no alcanza el importe de la renta básica para la inclusión social. Se sitúa en el 88% del SMI, pudiendo llegar hasta el 125%, también en función del número de personas de la unidad de convivencia.

La ley prevé que las cuantías establecidas se vean complementadas con un subsidio económico -cuyo importe se determinará reglamentariamente- cuando se trate de unidades de convivencia monoparentales.

El segundo elemento innovador viene dado por la introducción de un nuevo derecho de ciudadanía, que es la prestación complementaria de vivienda. Su finalidad es facilitar a las personas más necesitadas, es decir, a las titulares de la renta de garantía de ingresos, el acceso al alojamiento.

El texto limita a dos años el periodo de concesión de la renta de garantía de ingresos, en cualquiera de sus modalidades. En la anterior legislación no existía limitación.

La aplicación de la Ley de Garantía de Ingresos y de Inclusión Social supondrá un incremento anual de 67,35 millones de euros (en esta cifra están incluidos los 24,77 millones de euros del complemento de pensiones).