En el protocolo, que está previsto que se firme en un plazo máximo de tres semanas, se establece que la Administración de Navarra se responsabilizará de la redacción de los proyectos constructivos de plataforma de la línea de alta velocidad Zaragoza-Pamplona entre Castejón y la comarca de Pamplona, hasta la nueva estación de alta velocidad.

Por su parte, el Ministerio de Fomento se responsabilizará de la redacción de los proyectos constructivos de plataforma de la línea de Alta Velocidad Zaragoza-Pamplona entre Zaragoza y Castejón.

Más adelante, está previsto que se firme un convenio marco con la fórmula de financiación acordada, así como una encomienda del Ministerio de Fomento al Gobierno de Navarra para que licite la parte de las obras que le compete ejecutar.

CONTENIDO DEL PROTOCOLO

La redacción de los proyectos correspondientes al paso por Tudela se llevará a cabo una vez se acuerde entre todas las administraciones interesadas la alternativa de trazado más adecuada, previa la realización de los estudios técnicos precisos y de los trámites que sean necesarios.

El Gobierno central se compromete a realizar estudios sobre alternativas del corredor ferroviario a su paso por Tudela, hasta consensuar con el Gobierno de Navarra y las entidades locales afectadas una solución que satisfaga a todos.

El texto recoge que el Gobierno de Navarra anticipará el coste de las obras en suelo navarro y no descontará ese coste de la aportación de la Comunidad Foral fijada por el Convenio Económico Navarra-Estado hasta dentro de dos años.

Asimismo, el Gobierno de Navarra abonará el gasto financiero del préstamo preciso para esta inversión, pero la deuda pública contraída corresponderá al Estado, lo que no hipoteca la capacidad de endeudamiento de la Comunidad Foral de cara a otras futuras inversiones.

La inversión para realizar este corredor ferroviario hasta Pamplona superará los mil millones de euros y las obras constructivas serán una realidad en el primer semestre de 2011.

Para velar por el cumplimiento de lo previsto en el protocolo e impulsar la ejecución de su contenido, así como resolver las dudas que puedan derivarse de la ejecución del mismo, se constituirá una Comisión de seguimiento y coordinación con cuatro representantes de la Administración General del Estado y otros cuatro de la Administración Foral.