El Proyecto de Ley para el Establecimiento de un Sistema de Jubilación Gradual y Flexible fue aprobado con 160 votos a favor (PP, CiU y CC). Sin embargo, las medidas que contemplan la mejora de la situación de los discapacitados contaron on el apoyo de 257 diputados.

Esta regulación proviene del desarrollo del Acuerdo de Pensiones que fue firmado el 9 de abril de 2001 por el Gobierno junto a CEOE y Comisiones Obreras, y que contó con el rechazo de UGT.

Durante la fijación de posiciones antes de la votación, el diputado del PP Jesús Merino resaltó que este proyecto emana de "uno de tantos acuerdos sociales" firmados por el Gobierno con los sindicatos y que tendrá "beneficios para miles de trabajadores".

Por su parte, el diputdo de IU Antero Ruiz quiso felicitar a los sindicatos "por haber firmado este acuerdo antes de la radicalización derechista del Gobierno", que auguró que continuará en materias relacionadas con el sistema de pensiones.

El portavoz de Política Social y Empleo de CiU, Carles Campuzano, destacó que el PP haya aceptado en el Senado las propuestas para mejorar la situación de los discapacitados que ya habían sido presentadas en el Congreso por el Grupo Catalán.

Campuzano indicó que hasta 400.000 discaacitados podrán beneficiarse de las medidas aprobadas, como el adelanto de la edad de jubilación anticipada o la posibilidad de acceder a las prestaciones de incapacidad permanente con independencia de las lesiones previas.

El PSOE, que expresó su rechazo a alguna de las discriminaciones que, a su juicio, contiene la ley, apoyó, sin embargo, las enmiendas que mejoraban la situación de los discapacitados porque este colectivo "necesitaba este reconocimiento", según dijo la diputada Isabel López i Chamoa.

Pese al voto a favor socialista, el diputado del PP Jesús Merino acusó a la socialista de estar más preocupada por apoyar y preparar la huelga que por "lo verdaderamente importante: mejorar la situación de los minusválidos".

"A LA CARTA"

La nueva norma permite acceder a la jubilación anticipada para los mayores de 61 años, que hayan cotizado 30 a la Seguridad Social y que lleven, al menos, inscritos seis meses en el Inem como demandantes de empleo.

Para ellos se contemplan coeficientes eductores en su pensión que oscilan de forma gradual entre el 8% y el 6%, en función de que se hayan cotizado 30 ó 40 años a la Seguridad Social, con el fin de penalizar menos a quien más ha aportado.

Asimismo, se regula la posibilidad de compaginar el trabajo a tiempo parcial con el cobro de la pensión una vez cumplidos los 65 años o seguir trabajando a tiempo completo con una mejora en la pensión del 2% anual, lo que se ha conocido como "jubilación a la carta".

La nueva Ley de Jubilación Gradua y Flexible incluye también un capítulo de bonificaciones y exoneraciones para los empresarios que contraten de forma indefinida, con un coste para la Seguridad Social de más de 375 millones de euros anuales (62.800 millones de pesetas).

Los empresarios quedarán exonerados del pago de la cuota a la Seguridad Social por contingencias comunes de los mayores de 65 años y bonificaciones que parten desde el 50% para aquellos trabajadores con contrato indefinido que tienen más de 60 años.

DISCAPACITADOS Gracias a la introducción de dos enmiendas en el Senado por parte del PP -las mismas que los populares rechazaron a CiU en el Congreso- se permite a los discapacitados severos (con una minusvalía superior al 65%) adelantar su edad de jubilación anticipada, cuya regulación concreta deberá fijar el Gobierno próximamente.

Además, el PP aceptó, finalmente, mejorar la situación de aquellos discapacitados que sufren, una vez incorporados al mercado laboral, una situación de incapacidad permanente. Hasta hora, las mutuas no querían conceder este tipo de pensión a los minusválidos argumentando que ya tenían dicha incapacidad antes de acceder a su puesto de trabajo.