Esta nueva normativa sustituye un real decreto de 11 de febrero de 2000 por el cual se establecían, hasta ahora, las ayudas públicas destinadas a reducir el coste efectivo del transporte marítimo y aéreo de mercancías entre las Islas Canarias y entre éstas y el resto de España, o con otro Estado miembro de la Unión Europea.

La norma complementa la aprobada el pasado 13 de febrero de 2009 referente al transporte de mercancías agrícolas. De esta forma, se completa la revisión del régimen de compensaciones al transporte de Canarias.

Los productos bonificables son los industriales originarios o transformados en las Islas Canarias, los costes necesarios para su producción, siempre que no se fabriquen en Canarias, y el petróleo y sus derivados, originarios o transformados en Canarias.

Una de las principales modificaciones que este real decreto introduce sobre la normativa anterior del año 2000 es que se elevan los porcentajes máximos de subvención aplicables, que se sitúan en el 50 por 100, salvo para los productos petrolíferos, a los que se aplicará el 10 por 100. Actualmente están en el 3 por 100 (petróleos) y 35 por 100 (el resto).

También se amplían los componentes del coste objeto de subvención, incorporando nuevos conceptos hasta ahora no contemplados: los costes de manipulación portuaria o aeroportuaria, el recargo por el incremento del coste de combustible y las tasas de seguridad, si las hubiera. Actualmente, sólo se subvencionan el flete y las tasas portuarias.

Además, se mejora el procedimiento de gestión, reforzando el control documental de las solicitudes presentadas, y se agiliza la tramitación de las ayudas mediante la aplicación de métodos informáticos, lo que permitirá la reducción del plazo de cobro de las subvenciones.