Con referencia a este decreto, la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, destacó "el avance espectacular de las energías renovables en España, que es hoy líder en este tipo de energía".

Añadió que "más energía solar es buena para la economía y el Medio Ambiente" y que por ello el nuevo decreto multiplica por cuatro la producción eólica en 2008.

"Hemos corrido mucho, y ahora es necesario revisar los resultados" y marcar una nueva meta para este sector, agregó. Por ello, apostó por "potenciar las renovables pero manteniendo una inversión pública razonable" es decir reduciendo las primas.

El desarrollo de este sector en España ha superado ampliamente las previsiones. En concreto el objetivo fijado para 2010 de alcanzar 371 megavatios fue conseguido en agosto de 2007, y se estima que la potencia instalada al final del año 2008 quintuplicará la potencia objetivo de 2010.

El nuevo decreto pretende impulsar las instalaciones sobre tejado frente a las grandes plantas sobre suelo, por sus mayores beneficios económicos y medioambientales.

Por ello, contempla dos tipologías diferenciadas, suelo y techo (instaladas en edificios), y orienta la inversión privada hacia la tipología en techo por sus mayores beneficios económicos (en cuanto a reducción de pérdidas en la red, reducción de inversiones en infraestructuras) y medioambientales (mejor utilización del suelo y preservación de zonas con un potencial mayor valor natural).

Así, la nueva retribución es de 320 euros/MWh para suelo y 320 y 340 euros/MWh para techo (mayores y menores de 20 kW, respectivamente).

En cuanto a la retribución, el fuerte desarrollo del sector conseguido en estos dos últimos años ha permitido una importante evolución en la curva de aprendizaje de esta tecnología, alcanzando, según el Gobierno una "significativa reducción de costes". Así, se ha establecido una nueva tarifa reducida, que será de aplicación únicamente a las nuevas plantas.

La nueva normativa establece también un procedimiento de cuatro convocatorias anuales, de forma que una vez realizados determinados trámites administrativos (autorización administrativa, conexión, etc.), los proyectos podrán inscribirse en un registro, de manera que se les asigne una tarifa regulada que percibirán una vez haya finalizado la instalación.

Por otra parte, la tarifa regulada de cada convocatoria se calculará en función de la demanda que haya existido en la convocatoria anterior, con bajadas de la retribución si se cubre el cupo completo. Asimismo, podría elevarse la tarifa si en dos convocatorias consecutivas no se alcanza el 50% del cupo. Dichas bajadas pueden ser de hasta el 10% anual.

Los cupos iniciales serán de 400 MW/año (dos tercios para las instalaciones en edificación y el resto para el suelo).

Con la finalidad de establecer un régimen transitorio para suavizar la inercia de la industria fotovoltaica actual, se establecen unos cupos extraordinarios adicionales de 100 MW y 60 MW para 2009 y 2010, respectivamente, en suelo y se propondrán unos plazos reducidos para las dos primeras convocatorias.