En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Fernández de la Vega añadió que el Estatuto va a "mejorar la calidad del empleo público" y que se logrará "más eficacia, más profesionalidad, más calidad, más motivación a los trabajadores y más respuesta a la demanda de los ciudadanos".

El ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, apuntó que con el Estatuto quedan claros los "derechos" y "deberes" de los empleados públicos, más de 2,5 millones, que estarán "más motivados, mejor considerados" y su trabajo "mejor retribuido", con un mínimo salarial igual para todo el Estado, pero con libertad para que las diferentes administraciones puedan implantar complementos.

Una vez más, el ministro tendió la mano al PP para que apoye este Estatuto, ya que es la única formación "que se está quedando al margen de este amplio consenso" existente sobre la norma, que va a tener un "apoyo mayoritario" en las Cortes, con el respaldo de CiU, ERC, PNV, IU-ICV y Coalición Canaria.

Preguntado por el comportamiento de la temporalidad en el sector público, hoy en el 22%, Sevilla indicó que, "en un plazo no muy lejano, no muy distinto al de cinco años, podremos ver cómo la temporalidad en el conjunto de las administraciones públicas baja de los dos dígitos", es decir, del 10%, aunque admitió que es una cuestión que no sólo depende del Gobierno central, sino de comunidades autónomas y ayuntamientos.

CONTENIDO DEL ESTATUTO

El Estatuto Básico del Empleado Público regulará las condiciones laborales de los 2,5 millones de trabajadores de la Administración General del Estado, de todas las comunidades autónomas y de todas las entidades locales.

La ley diseña un modelo homogéneo de Función Pública para todas las Administraciones Públicas en el escenario de un Estado descentralizado y compatible con la autonomía de las administraciones territoriales, resalta el Gobierno.

El Estatuto estipula que los empleados públicos deberán responder de los resultados de su actuación, para lo que se establece la evaluación objetiva del desempeño como elemento clave y mecanismo de modernización.

Parte del salario irá ligado al desempeño de su labor y podrán ser apartados de su puesto, aunque no perderán la categoría de funcionarios si su rendimiento no es óptimo.

ADIÓS AL PUESTO "PARA TODA LA VIDA"

La evaluación del rendimiento será un factor decisivo en la carrera profesional a través de sistemas objetivos y transparentes, pactados con las organizaciones sindicales, con incentivos para los empleados públicos que logren buenos resultados y se esfuercen.

Su continuidad en los puestos dependerá, asimismo, de su rendimiento, desapareciendo la presunción de haber obtenido "un puesto para toda la vida".

Las retribuciones básicas serán iguales para todas las Administraciones Públicas, mientras que las complementarias serán fijadas por cada administración, con lo que se logrará una estructura retributiva "más acorde y adecuada" a la realidad actual.

Los factores que compondrán las retribuciones complementarias serán la especial dificultad técnica, la progresión alcanzada en la carrera, el grado de interés, de iniciativa o de esfuerzo.

También se determinan las normas aplicables al personal laboral, articulando así, por primera vez, la relación laboral del empleo público. Igualmente, se garantiza la aplicación de los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad en el acceso y en la promoción profesional, en el conjunto del empleo en el sector público.

PERSONAL DIRECTIVO

La norma propone, asimismo, la creación de la figura del personal directivo, que introducirá un nivel personal y directo a la hora de responsabilizarse de los resultados de la gestión, y que fomentará el dinamismo y la mayor implicación en los objetivos del sector público, según el Ejecutivo.

Se articulan distintos modelos de carrera y de promoción, horizontal y vertical, además de potenciar la movilidad entre administraciones.

Un Código de Conducta regulará los derechos y deberes de los empleados públicos. Será de obligada aplicación en todas las administraciones.

También se recogen medidas de apoyo a la igualdad entre hombres y mujeres, otras de lucha contra la violencia de género y "tolerancia cero" con cualquier tipo de discriminación o la protección ante situaciones especiales.

Se garantiza la presencia de personas con discapacidad en la administración con la reserva del 5% de las plazas para el colectivo. Un primer paso es que ocupen el 2% de los puestos, indicó Fernández de la Vega.