El dictamen salió adelante por 26 votos a favor, 4 en contra y 3 abstenciones, mientras que fueron rechazadas las enmiendas a esta proposición de ley planteadas por Sumar. El texto pasa ahora al Pleno de la Cámara Baja, donde será aprobado la semana que viene para su remisión al Senado.

La modificación afecta a la Ley Orgánica del Poder Judicial y al Estatuto del Ministerio Fiscal. Así, PSOE y PP han introducido cambios como que las decisiones en el CGPJ se aprueben por mayoría de tres quintos o que no pueda ser fiscal general quien en los cinco años anteriores haya ocupado un cargo político.

Además, los nuevos vocales del Consejo que se elijan ahora deben elaborar en el plazo de seis meses una propuesta de cambio del sistema de elección de este órgano, que será debatida en el Congreso y que los partidos decidirán si se lleva a la práctica.

“TEATRO” DE PSOE Y PP

En las intervenciones para defender la reforma, el diputado del PP Fernando de Rosa señaló que “se profundiza en la despolitización” del CGPJ. También se felicitó de que habían sido rechazadas las enmiendas de Sumar al texto, que, a su juicio, evidenciaban la “obsesión” de esta fuerza política por el “control” del Poder Judicial.

Por su parte, Francisco Aranda, del PSOE, señaló que el acuerdo alcanzado con los populares “eleva nuestra democracia”. Añadió que los socialistas siguen defendiendo que las Cortes mantengan su papel en la designación de los vocales del Consejo, ya que es bueno este “vínculo con el pueblo”.

En nombre de Sumar, Enrique Santiago señaló que no se puede desaprovechar la ocasión de renovar el órgano de gobierno de los jueces, pero sostuvo que “se ha desaprovechado” la oportunidad de introducir “reformas profundas” en el Poder Judicial.

Asimismo, Javier Ortega Smith, de Vox, calificó de “teatro” que PP y PSOE se ataquen por otras cuestiones, ya que ambos comparten un deseo de controlar a los jueces y un “desprecio absoluto” por la separación de poderes.

Por parte de Junts, Josep María Cervera se refirió a que la Justicia española tiene un “problema estructural” de falta de imparcialidad e independencia.