El informe aprobado es el remitido por el Congreso de los Diputados y que recoge el acuerdo del PP, PSOE y Coalición Canaria en esta reforma.

Durante el debate, socialistas y populares rechazaron tres vetos al texto del Bloque Nacionalista Galego, Eusko Alkartasuna e IU, integrados todos en el Grupo Mixto.

Asimismo, PP y PSOE rechazaron las 142 enmiendas que presentaron a este texto el grupo mixo y los grupos nacionalistas vasco (PNV) y catalán (CiU). Por su parte, Coalición Canaria retiró en este trámite parlamentario la única enmienda que había presentado.

La senadora de EA Inmaculada Boneta criticó esta reforma por entender que no va a frenar los objetivos que se persiguen, como poner coto a la inmigración irregular y fomentar la regular.

Por su parte, el senador de CiU Carles Florensa insistió una vez más en la necesidad de que las Comunidades Autónomas tengan mayores competencias e la gestión de los flujos migratorios.

Mario Mansilla, senador del PSOE, se felicitó por el acuerdo alcanzado con el PP para reformar la legislación de extranjería y se mostró esperanzado en conseguir consensos similares en otras cuestiones.

Joseba Aurrekoetxea, del PNV, lamentó que el PP y el PSOE se hayan limitado al acuerdo de reforma alcanzado en el Congreso de los Diputados y no hayan aceptado ninguna de las enmiendas presentadas al texto.

Desde el PP, las senadoras Rosa Vindel y María el Mar Agüero defendieron esta reforma por entender que facilitará la gestión de los flujos migratorios y avanza en la lucha contra las mafias que trafican con seres humanos.

Además, Agüero recordó al senador catalán Florensa que las competencias en materia de extranjería son exclusivas del Ministerio del Interior, cuestión por la que su partido rechaza sus enmiendas de dar mayores competencias a las comunidades autónomas para gestionar los flujos migratorios.

El informe de esta reforma recoge coo puntos fundamentales la simplicación de los trámites administrativos en la gestión de permisos y visados, la creación de un nuevo visado de tres meses para la búsqueda de empleo, el endurecimiento de las penas por la contratación de inmigrantes irregulares y las obligaciones de los transportistas de informar de los turistas que no regresan a sus países de origen.

Asimismo, esta reforma permite a la Policía a acceder a los datos del padrón municipal, facilita el permiso de residencia a las inmigrante maltratadas y evita la reagrupación familiar en cadena.