Según explicó la ministra portavoz, Isabel Rodríguez, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Gobierno, se trata de impulsar “medidas de acción positiva y otros apoyos” para “compensar esas desventajas” que las personas con discapacidad “tienen de partida”

Así, será “inexcusable no garantizar esos derechos” en la relación con las administraciones públicas y el sector privado, como en comercios, bancos, e instituciones. Además, se tendrán que habilitar herramientas como líneas telefónicas específicas o cajeros accesibles o habilitar accesos ‘ad hoc’ para que las personas con discapacidad no aguarden colas, dijo Rodríguez. En resumen, “que no existan ningún obstáculo”.

La norma tiene un calendario “de adaptación” y está “complementado” con otro acuerdo del pasado octubre en cumplimiento de una directiva europea sobre accesibilidad. Según destacó Rodríguez, el acceso de las personas con discapacidad a los bienes y servicios de uso público “también estuvo muy presente” en el Plan de Recuperación del Gobierno, dentro del ‘Plan España, país accesible’.