El decreto establece que el patrimonio de este organismo será único y separado del Estado y su titularidad deberá recaer en la Tesorería General de la Seguridad Social.

También establece el procedimiento necesaio para la adquisición, enajenación, arrendamiento o cualquier otro acto jurídico que afecte a su funcionamiento.

La norma permitirá disponer de un instrumento jurídico adecado para la defensa y tratamiento de los bienes patrimoniales de la Seguridad Social, especialmente en lo relativo a la titulación, con independencia de su adscripción.

Esta norma desarrolla uno de los objetivos contenidos en el Plan Integral de Modernización de la Gestión de la Seguridad Social, que trata de regular la normatva de la Seguridad Social por grandes áreas de gestión.