González explicó que la nueva ley incorpora un mecanismo a través del cual se pretende evitar que las decisiones unilaterales de los municipios puedan afectar a la movilidad del resto del territorio.

Así, el Ejecutivo regional podrá ejercer el arbitraje entre municipios sobre decisiones de los ayuntamientos en materia de transporte y movilidad que trasciendan el ámbito municipal, siempre a instancias del municipio afectado.