La votación de ese acuerdo generó polémica durante todo el día y obligó a una reunión expresa de la Mesa de la Comisión Constitucional.

La propuesta de reforma estatutaria aprobada en el Parlamento valenciano con el apoyo del PP y del PSOE en aquella comunidad incluía un artículo que situaba en el cinco por ciento el porcentaje de voto necesario para obtener representación, igual que en el texto vigente.

CiU, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Izquierda Unida y Grupo Mixto habían presentado enmiendas a ese artículo, muchas de las cuales para reducir esa barrera electoral al tres por ciento.

Simultáneamente, el PSOE había expresado sus deseos de matizar esa redacción al considerar que la barrera electoral podía resultar excesiva, una reserva que suscitó las críticas del PP y las exigencias de cumplir con el acuerdo alcanzado.

La discrepancia se saldó con la presentación de una enmienda conjunta transaccional a las que antes habían presentado los otros partidos.

La polémica estalló cuando estos grupos denunciaron que habían defendido sus enmiendas sin saber que PP y PSOE iban a presentar una transaccional.

Decidieron entonces retirar sus enmiendas, apelando a una interpretación del Reglamento del Congreso según la cual las transaccionales deben sustentarse en una enmienda previa y, por tanto, al ser retiradas esas enmiendas, la transaccional muere.

PP y PSOE defendían, por contra, que los grupos minoritarios habían defendido sus enmiendas y, por tanto, seguían vivas para poder sustentar la transaccional.

La conclusión se zanjó en una reunión de la Mesa de la Comisión Constitucional, de la que sólo forman parte PSOE y PP, y en la que se dio por válida la enmienda transaccional, que se votó después en el pleno de la Comisión, siendo aprobada con el voto de sus defensores, socialistas y populares.

El resto de los grupos ni siquiera participaron en la votación por considerar que tenía lugar en virtud de una situación "deplorable", en palabras de la portavoz de Izquierda Unida, Isaura Navarro.

En virtud del acuerdo alcanzado entre PP y PSOE, la barrera electoral para obtener representación parlamentaria se saca del Estatuto y se remite a una ley posterior.