Estas medidas forman parte del Plan de Dinamización de la Economía e Impulso de la Productividad, que cuenta también con tres anteproyectos de ley y un acuerdo del Consejo de Ministros, que fue aprobado el pasado 25 de febrero.

El real decreto ley aprobado hoy establece reformas en cuatro mercados: financiero, energético, de emisiones de gases de efecto invernadero y contratación pública.

En el sector financiero se transpone la Directiva comunitaria de 2003 sobre Folletos para las Emisiones de Valores, con el fin de asegurar la posición competitiva del mercado español, fundamentalmente en renta fija.

Esto supone que se suprime el requisito de comunicación previa para la admisión a negociación de valores en un mercado secundario oficial. También se regula que los folletos autorizados por la Comisión Nacional del Mercado de Valores se podrán utilizar en cualquier Estado de la Unión Europea y viceversa.

PROTECCION DEL INVERSOR

Se eliminan obligaciones administrativas de escritura pública y registrales, que supondrán un ahorro en la tramitación y en los costes, pero siempre garantizando la protección del inversor y el correcto funcionamiento del mercado.

También se transpone otra Directiva comunitaria 2002, sobre Acuerdos de Garantía Financiera, para conseguir una amplía armonización comunitaria y evitar el grave riesgo de deslocalización de este tipo de acuerdos.

En ella se regula la posibilidad de que el beneficiario de una garantía pignoraticia pueda disponer del objeto de la garantía, lo que ayudará a aumentar el número de operaciones financieras y la liquidez de los mercados. También se regula que la ejecución de las garantías financieras pueda realizarlas el propio beneficiario cuando haya un incumplimiento, sin que se requiera la intervención de la autoridad administrativa o judicial, ni tampoco de fedatarios públicos, entre otras.

Por otro lado, se modifica la calificación de operadores principales en el mercado energético, que serán aquellos que ostenten las cinco mayores cuotas de mercado o del sector en los ámbitos energéticos y de telecomunicaciones.

Desaparecen de esta relación los transportistas Red Eléctrica de España (REE), Enagas y la Corporación Logística de Hidrocarburos (CLH) al entender que su actividad no está abierta a la competencia. Se amplía el ámbito de los operadores principales al Mercado Ibérico de la Electricidad (Mibel).

Se mantiene que ninguna persona física o jurídica que participe en una proporción igual o superior al 3% en el capital o en los derechos de voto de dos operadores principales de un mismo mercado o sector podrá ejercer en más de una entidad los derechos de voto correspondientes a ese exceso de porcentaje.

OPERADORES DOMINANTES

Se crea la nueva clasificación de operadores dominantes, que serán aquellos que ostenten una cuota de mercado superior al 10 por 100. Esta nueva denominación sólo afecta a la regulación del sector energético y tiene por finalidad favorecer la competencia y controlar los comportamientos no competitivos en estos mercados.

Así, por ejemplo, se prohibe a las compañías incluidas en esta clasificación importar energía eléctrica. Es decir, Endesa, Iberdrola y Unión Fenosa no podrán importar electricidad. La intención de esta medida es fomentar la competencia en ese sector, ya que la energía importada suele ser más barata que la producida en el mercado nacional.

En el sector eléctrico se incorporan una serie de obligaciones de suministro de información sobre la formación de precios del mercado, para lograr mayor transparencia informativa, y se aprueba la puesta en marcha del Mercado Ibérico de la Electricidad (Mibel), abriendo la posibilidad de compra y venta en el mercado diario a todos los agentes, incluidos los distribuidores.

Se limita la participación en el accionariado de Red Eléctrica de España, de tal forma que la participación directa o indirecta en esta sociedad no puede superar el 1% del capital social o de los derechos de voto de la entidad. Esta limitación no es aplicable a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), que mantendrá una participación no inferior al 10%. Dicha reducción ha de realizarse antes del 1 de enero de 2008.

También se establece que la liquidación de los Costes de Transición a la Competencia (CTC) de 2004 se hará efectiva en 2006, momento en el que se podrá tener un diagnóstico, mediante el Libro Blanco de la Energía, antes de efectuar dicha liquidación.

En energía nuclear, las cantidades destinadas a costear la gestión de los residuos radiactivos, del combustible gastado y de desmantelamiento y clausura serán financiados por los titulares de las centrales nucleares a partir del 31 de marzo de 2005. Esto supone que desde abril el recibo de la luz bajará en un 0,6%, según indicaron hoy a Servimedia fuentes de la Comisión Nacional de Energía (CNE).

PRECIOS DE CARBURANTES

En hidrocarburos, se crea una base de datos de distribuidores y precios de carburantes que perfeccionará el actual sistema de información pública del precio de carburantes en estaciones de servicio, gestionado por el Ministerio de Industria.

En el ámbito de la contratación pública, se modifican diversos preceptos de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas para incrementar la transparencia y la concurrencia.

Así, los contratos más importantes de las Fundaciones Públicas se someten a las prescripciones de publicidad y procedimiento de adjudicación, con el fin de garantizar la eficiencia en la gestión del gasto.

También se establece que la totalidad de los contratos de las entidades del sector público empresarial se integren a la sujeción de los principios de publicidad y concurrencia de la Ley de Contratos del Estado, entre otras medidas.

Por lo que respecta al mercado de derechos de emisión de CO2, creado en la UE para cumplir con el Protocolo de Kioto,se incrementan la cantidad de derechos disponibles, se determinan las asignaciones para aquellas instalaciones que no habían recibido derecho alguno y se evitan problemas de competencia en el mercado comunitario, dado que cuanto más tarde se conozcan esas asignaciones menos posibilidades tendrán las empresas españolas afectadas de planificar sus inversiones y acceder a precios competitivos.