El decreto tiene carácter básico, ya que la aplicación en todo el territorio nacional de medidas uniformes para la eliminación, descontaminación y gestión de PCB y aparatos que los contengan se fundamenta no sólo en la competencia del Estado para establece legislación básica sobre protección del medio ambiente, sino también para establecer las bases y coordinación de la sanidad y comercio exterior.

Este decreto establece un nuevo régimen sobre eliminación progresiva de los PCB, bien de forma directa, incluyendo la eliminación de los aparatos que los contengan, o bien mediante su descontaminación, fijando, de acuerdo con la normativa comunitaria, el año 2010 como plazo máximo, a excepción de los transformadores eléctricos débilmente contaminados que podán ser operativos hasta el final de su vida útil.

Las Comunidades Autónomas deberán realizar un inventario partiendo de la información que aporten los poseedores, quienes también deberán comunicar las previsiones de descontaminación o eliminación. Asimismo se impone la obligación de etiquetar todo aparato sometido a inventario y de marcar los transformadores una vez descontaminados, para lo que se prevé una planificación de ámbito estatal y autonómico.

El texto normativo considera por "descontamiación" al conjunto de operaciones que permitan que los aparatos, objetos, materiales o fluidos que contengan PCB puedan reutilizarse, reciclarse, valorizarse o eliminarse en condiciones seguras para la salud humana y el medio ambiente. La descontaminación podrá incluir la sustitución de los PCB por fluidos adecuados que no los contengan.

La "eliminación" de los PCB, PCB usados y aparatos que los contengan se realizará mediante incineración, de acuerdo con lo regulado en el decreto 1217/1997 sobre incieración de residuos peligrosos, - aunque podrán utilizarse otros métodos de conformidad con la Ley 10/1998 de Residuos-, pero sólo para el caso de que no puedan ser descontaminados.

Por otra parte, se establecen limitaciones al uso de PCB y aparatos que los contengan, tomando en consideración el riesgo que representan para la salud de las personas y para el medio ambiente.

APARATOS QUE CONTINEN PCB

Los aparatos que contienen o han contenido PCB son los transformadores eléctricos, resistencias, nductores, condensadores eléctricos, arrancadores, equipos con fluidos termoconductores, equipos subterráneos de minas con fluidos hidráulicos y recipientes que contengan cantidades residuales, siempre que no hayan sido descontaminados por debajo de 0,005 por 100 en peso de PCB (50 ppm).

El sector eléctrico es el que puede considerarse más afectado. El Ministerio de Medio Ambiente estima que en el ámbito de aplicación de este Real Decreto pueden incluirse, como cifra probable en todo el territorio naconal, 50.000 toneladas de aparatos, teniendo en cuenta que en los últimos años se han exportado más de 12.000 toneladas.

REPERCUSIONES ECONOMICAS

La aplicación de esta norma incidirá favorablemente en la creación de un importante número de empleos, directos e indirectos, como consecuencia de las inversiones necesarias en nuevas infraestructuras, generando a su vez un volumen de actividad económica del orden de 4.000 millones de pesetas anuales, que será financiada por los propietarios de los equiposobjeto de este decreto.

La actividad económica resultante de la eliminación de aparatos afectados puede representar una cantidad superior a 12.500 millones de pesetas, a repartir en los próximos diez años, hasta el 2010, con una media de 1.250 millones al año.

Por otra parte, si se considera la reposición de los equipos eliminados por otros nuevos (estimando que el tamaño y precio medio de los transformadores eliminados corresponde a un equipo de 400KVA y el número de unidades a eliminar puede se de aproximadamente 40.000), el valor económico de esta reposición puede cuantificarse en 27.000 millones de pesetas para un total de los diez años establecidos.

Además, la vigilancia y control del estado de los transformadores, incluyendo los análisis de PCB, representa un valor medio de 25.000 pesetas para cada equipo, por lo que se puede cuantificar que la verificación del total de aparatos afectados puede alcanzar un importe de 1.000 millones de pesetas.

El conjunto de operaciones que concurrn en la aplicación y cumplimiento de los objetivos marcados por el real decreto aprobado hoy, asciende a 40.500 millones de pesetas, cantidad que es asumible por las empresas propietarias de dichos equipos.