El objetivo de la nueva norma es contribuir a que las empresas cumplan con sus obligaciones, en relación con el empleo de los trabajadores discapacitados, potenciando así sus posibilidades de ocupación e integración laboral.

Existen dos supuestos en los que concurre la nota de excepcionalidad:

- Cuando la no incorporación de un trabajador con discapacidad a la empresa obligada se deba a la imposibilidad de los Servicios Públicos de Empleo competentes, o las agencias de colocación, de atender la oferta de empleo presentada por la inexistencia de demandantes de empleo con discapacidad inscritos en la ocupación indicada. En el caso de que sí hubiera demandantes, cuando estos acrediten no estar interesados en las condiciones de trabajo ofrecidas.

- Si la empresa obligada acredita cuestiones de carácter productivo, organizativo, técnico o económico que motiven especial dificultad para incorporar trabajadores con discapacidad a la plantilla de la empresa.

Entre las novedades que recoge la normativa destaca la de que se agiliza el proceso administrativo sobre declaración de excepcionalidad para el cumplimiento de la cuota de reserva, mediante la reducción del plazo de resolución de tres a dos meses y se amplía el plazo de validez de la declaración de excepcionalidad de dos a tres años.

Asimismo, se actualizan los importes anuales de las medidas alternativas para referenciarlas al actual Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), en lugar del Salario Mínimo Interprofesional y se introduce un nuevo criterio para la distribución de competencias administrativas entre la Administración General del Estado y las comunidades autónomas, en función de la ubicación de la empresa solicitante.

Esta medida era una de las cuestiones recogidas en el acuerdo firmado entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) para mejorar el emepleo de las personas con minusvalía y que todavía quedaba pendiente.