El Acuerdo dispone un criterio general, por el que los departamentos ministeriales deberán someter a informe o, en su caso, a decisión de la comisión los asuntos que tengan trascendencia económica, financiera o presupuestaria.

Según lo aprobado hoy se deben elevar a examen los informes sobre la evolución de la coyuntura económica; las directrices para la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado y actuaciones con implicaciones presupuestarias relevantes; así como las propuestas de aprobación de precios y tarifas en los términos recogidos por la normativa correspondiente o cuando deban ser adoptadas por el Consejo de Ministros.

También pasarán por la comisión delegada las propuestas de reordenación del sector público empresarial y negociación colectiva en empresas públicas: bases de negociación, preacuerdos y acuerdos de convenios colectivos.

Lo harán asimismo las normas, de planes o de programas de actuación en los ámbitos de los distintos sectores económicos; entre otros, de la energía; de las telecomunicaciones; de la innovación y el desarrollo tecnológico; del medio ambiente; de las infraestructuras; de la vivienda; del mercado de trabajo e inmigración; de los mercados financieros y de la sanidad y la protección social.

Las medidas que impliquen actuaciones del Instituto de Crédito Oficial; las iniciativas de mejora y simplificación del marco regulador de la actividad económica; y las orientaciones de los criterios generales y coordinación de las posiciones y bases de negociación en el diálogo con los interlocutores sociales en materias con trascendencia económica, financiera o presupuestaria se analizarán también en este órgano.

Finalmente, serán examinadas otras propuestas normativas, planes o programas de actuación con repercusiones en el ordenamiento jurídico económico o en la competitividad de la economía española.

El acuerdo aprobado hoy sustituye al hasta ahora vigente desde 1999. La Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos es un órgano colegiado del Gobierno que tiene por objetivo garantizar la coordinación y coherencia de las políticas de los distintos departamentos ministeriales con los criterios generales de la política económica.

La Comisión está presidida por el vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía y Hacienda, y forman parte de la misma los ministros con competencias en áreas económicas.