Según la concejala de Medio Ambiente y Servicios a la Ciudad, Paz González, la nueva ordenanza, que deberá aprobar definitivamente el Pleno una vez transcurrido el periodo de alegaciones, permitirá una mejor planificación y coordinación de las actuaciones en la vía pública.

Para ello, impone limitaciones y condiciones en cuanto al tiempo, modo y lugar en que se pueden realizar las obras, y evita actuar reiteradamente en el mismo lugar. Además, persigue coordinar a los diferentes agentes que intervienen en las obras y recoge la creación de una oficina o servicio para controlar y coordinar todas las actuaciones que se lleven a cabo en las vías públicas madrileñas.

La nueva ordenanza elimina la obligatoriedad de las compañías de servicios de comunicar al resto de compañías su intención de ejecutar una obra en una zona, por si quieren actuar también en esa zona, sustituyendo este requisito por la presentación de un Plan de Actuaciones semestral para las obras de mejora, renovación y ampliación de las redes de servicio, que será coordinado por los servicios municipales.

Además, se exigirá que todas las solicitudes de licencia vayan acompañadas de un plan de gestión de acopios y residuos; y se prohibirá que los materiales a granel (arenas, gravas, etcétera) estén directamente depositados en la vía pública, teniendo que utilizar contenedores para su acopio. Además, prohíbe el uso de la red de riego para el abastecimiento de agua en las obras.

Respecto a la información ciudadana, se introduce como novedad la obligatoriedad a todas las administraciones públicas de colocar carteles informativos en obras cuya duración supere los dos meses, detallando los plazos, promotor y presupuesto, entre otros aspectos. Tanto en los carteles de obras como en los de calas por avería deberá figurar un teléfono de atención al ciudadano.

La nueva norma reduce los plazos de tramitación de licencias por parte del ayuntamiento, que se fijan en tres meses como máximo, y establece un período de seis para la retirada de la misma, dos meses menos que en la actualidad. Además, endurece las condiciones para el cumplimiento de los plazos de ejecución de las obras, al exigir un programa detallado de ejecución de la obra.

REPARACIÓN DE AVERÍAS

También concreta la definición de "avería" y fija un plazo de autorización para la reparación de averías de 72 horas, de manera que a los tres días el pavimento afectado deberá ser restituido al estado inicial. Además, si durante seis meses continuados (en la ordenanza actual son dos años) hay reiteradas obras causadas por averías en una misma zona, se podrá obligar a las compañías a renovar sus instalaciones en la zona afectada.

En la Ordenanza se menciona expresamente que los titulares de las licencias para obras estarán obligados, no sólo a reponer el pavimento afectado a su estado original, sino que, si fuera el caso, deberán eliminar las barreras arquitectónicas que tuviera originalmente dicho pavimento.

También se intensificará el sistema de vigilancia e inspección, con el seguimiento periódico de las condiciones que rigen la licencia, incidiendo de manera especial en el cumplimiento de los plazos de ejecución, con el fin de evitar retrasos y, por tanto, un exceso en la ocupación de la vía afectada por la obra.

En cuanto al régimen sancionador, se adapta a la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid y supondrá, según el consistorio, un incremento "sustancial" de las sanciones, que oscilarán entre los 600 y los 3.000.000 de euros. Las infracciones que ahora se sancionan con cuantías de entre 600 y 30.000 euros, como la ejecución de obras diferentes a las contenidas en la autorización, por ejemplo, subirán a multas de 600.001 a 3.000.000 euros.

Además, la negativa u obstrucción a la labor inspectora municipal, hoy sancionada con una multa de 30.001 a 600.000 euros, se sancionarán con cuantías de 600.001 a 3.000.000 euros. La misma penalización tendrán infracciones tales como la modificación del trazado aprobado en la licencia sin la previa autorización municipal, impedir el acceso de peatones y vehículos a las fincas colindantes con la obra o interrumpir el paso de vehículos, sin autorización expresa.

Asimismo, se multarán con cuantías que oscilan entre los 600 y los 30.000 euros, las obras que se ejecuten fuera de horario y jornadas autorizadas en la licencia, el depósito de escombros en las vías y espacios públicos o cuando no se informe a los residentes, de acuerdo con lo establecido en la Ordenanza.