Además, introduce las modificaciones necesarias en las competencias de las distintas unidades orgánicas para lograr una mayor eficacia en el cumplimiento de sus funciones, aplicando criterios de racionalización y simpliicación organizativa.

La Dirección General de la Tesorería asume las competencias de desarrollo de los programas de lucha contra el fraude, y se crea la Subdirección General de Recursos Humanos, que asume las competencias de personal.

La Secretaría General, además de las funciones que ya venía desempeñando, asume nuevas funciones en materia de planificación, organización y evaluación de la calidad de los servicios, la atención e información al ciudadano y el control de la red de Administraciones e la Seguridad Social.