Queda así prohibido el "empleo, desarrollo, producción, adquisición de un modo u otro, almacenamiento, conservación, transferencia o exportacón a cualquiera, directa o indirectamente" de este tipo de armas y de los medios para lanzarlas o diseminarlas, así como su tecnología y patentes.

De la misma manera, se suprime la posibilidad de "ayudar, estimular o inducir, de una manera u otra, a cualquiera a participar" en las actividades anteriores. Sólo se permite la transferencia de las minas cuando se realice para su destrucción.

Así, el Estado se compromete a destruir "o a garantizar la destrucción" de estas armas y el Ministerio de Defesa procederá a su eliminación "en el plazo más breve posible" con un máximo de tres años desde la entrada en vigor de la ley.

Sin perjuicio de lo establecido en el texto, el Ministerio de Defensa podrá retener o transferir "una cantidad" de estas armas "para el desarrollo de técnicas de detección, limpieza o destrucción de minas y el adistramiento en dichas técnicas".

La fijación del número de minas permitido se deja en manos del Gobierno, aunque "no deberá exceder la cantidad mínima absolutament necesaria para realizar los própósitos mencionados".

El Gobierno se compromete además a colaborar con programas de ayuda humanitaria destinados a desmantelar minas de otros países y a mantener una partida presupuestaria anual específica de apoyo al Fondo Fiduciario de Naciones Unidas para programas de desminado.

El diputado socialista Rafael Estrella destacó en rueda de prensa que España se sitúa ya "a la vanguardia" de los países con una legislación interna de prohibición de estas armas, con loque se cumple un mandato del Congreso de los Diputados aprobado hace un año.

Además, anunció que presentarán una iniciativa para pedir la construcción de una planta de destrucción de material militar obsoleto en la fábrica granadina de Santa Bárbara, lo que podría reducir el plazo de destrucción de las minas antipersonales.