Esta norma había sido aprobada hace cinco meses como decreto y en el trámite parlamentario ha sufrido algunas variaciones, entre las que destaca la aceptación por parte de los populares de una enmiend transaccional de CiU para dar mayores competencias a las comunidades autónomas que tuvieran un régimen particular.

La ley, en el tema del suelo, se aprobó por 20 votos a favor y 18 en contra. Esta legislación reduce del 15% al 10% la cantidad de suelo que los promotores tendrán que ceder obligatoriamente a los ayuntamientos y elimina la diferenciación entre suelo urbanizable programado (con plazos determinados para dar viabilidad a la construcción) y no programado.

Luis Ortiz, diputado responsabe de los temas de vivienda del PP, aseguró que con esta norma se producirá un abaratamiento del suelo y de la vivienda, aunque reconoció que en un primer momento la salida al mercado del suelo urbanizable programado supondrá un encarecimiento, que se eliminará después por la mayor abundancia de oferta.

Añadió que con esta modificación los propietarios del suelo podrán urbanizar si así lo desean, algo que hasta ahora estaba completamente determinado por la voluntad política de los ayuntamientos.

Pr su parte, la diputada socialista Cristina Narbona aseguró a Servimedia que esta norma fomenta la especulación urbanística al dejar más poder en manos de los promotores privados de vivienda y limita las posibilidades de construir VPO, "al reducir la formación del patrimonio municipal del suelo".

Narbona puso como ejemplo la Comunidad de Madrid, en donde en el periodo 1988-92 el suelo calificado urbanizable creció un 152%, mientras que los precios aumentaron espectacularmente. Postuló el "sistema valeciano", que facilita la urbanización, pero no da ayudas a los propietarios que no construyan.

El Grupo Socialista acudió en masa a la votación en espera de que el Grupo Vasco votara en contra de la disminución de terrenos cedidos a los ayuntamientos, ya que inicialmente se oponían a este aspecto, si bien los nacionalistas finalmente no apoyaron la enmienda socialista.

La ley recién aprobada incluye también la liberalización de los servicios profesionales, que supone que un colegiado en una ciudadpueda trabajar en cualquier parte de España y el establecimiento de tarifas orientativas, controladas por el Tribunal de Defensa de la Competencia.