Durante el primer año, será el constructor el que responda de los daños materiales derivados de una deficiente ejecución. A partir de entonces, todos los agentes que intervienen en la edificaciónresponderán, durante tres años, de los daños causados por vicios o defectos que afecten a la habitabilidad del edificio y, durante 10 años, por los que defectos que atenten contra la seguridad estructural de la construcción.

Para cumplir estas obligaciones, el promotor deberá suscribir obligatoriamente un seguro que garantice los importes mínimos de reparación de los daños, en cada uno de los tramos.

El ministro de Fomento, Rafael Arias Salgado, alabó hoy esta nueva ley y dijo que garantiza la caidad de las viviendas y supondrá un impulso para las viviendas que, entre sus ventajas, ofrezcan la condición de tener un seguro durante 10 años.

En contra de las críticas de la oposición y de alguno de los agentes que participan en la construcción sobre la incidencia negativa de esta ley en el precio, Arias Salgado aseguró que la obligación de seguro no supondrá elevar en demasía el coste de la vivienda y cifró entre un 0,5 y 0,6 por ciento la subida estimada cuando entre en vigor la nueva norma.

Desde el PSOE, el diputado Victor Morlán aseguró que la nueva normativa hace una incorrecta aplicación de la Ley de Expropiación Forzosa y también del derecho de reversión que, a juicio de los socialistas, permitirá a la Administración quedarse con bienes a un precio que luego, al vender el suelo a particulares, provoca la especulación con el terreno edificable.

DISCAPACIDAD

La nueva normativa fija también una serie de condiciones en las calidades de las viviendas, entre las que están la eliminació de barreras arquitectónicas.

Así, los requisitos de contrucción obligan a que las casas estén realizadas de tal forma que "se permita a las personas con movilidad y comunicación reducidas el acceso y circulación por el edificio".

Esto supondrá que las nuevas construcciones deberán cumplir estos requisitos, y lo mismo ocurrirá con la rehabilitación de las viviendas antiguas.