Es la conclusión del informe 'La inversión de impacto en el contexto de las finanzas sostenibles' del Observatorio de la Realidad Financiera (Orfin) que sostiene que, si bien la inversión de impacto no es algo nuevo, sí lo es el apoyo institucional, el respaldo social y la coyuntura económico-financiera actual y todo ello “puede ayudar a consolidad una industria de finanzas sostenibles y de impacto”.

El informe lo presentaron este jueves en Madrid José Carlos Díez, director de Orfin; José Luis Ruiz de Munain, CEO de SpainNab, y los autores, José Moisés Martín, profesor de Economía en la Universidad Camilo José Cela y miembro del Consejo Asesor del Oorfin, y Cristina Morales, colaboradora del Orfin y asesora de LUAFund.

El trabajo indica que los nuevos modelos de gestión, los actores, los canales y participantes, la regulación y la incorporación de métricas adecuadas están transformando el ecosistema de la inversión de impacto.

Sin embargo, alerta de que a pesar de los avances el desarrollo de la inversión de impacto en el contexto de las finanzas sostenibles se enfrenta a importantes desafíos, como pueden ser la falta de atención gubernamental, la carencia de una definición unificada de las inversiones de impacto, la “actual regulación inadecuada” y prácticas de medición de impacto poco desarrolladas.

En España destaca como principales impulsores del desarrollo de la inversión de impacto, en primer lugar, el SpainNAB, como Consejo Asesor Nacional para la Inversión de Impacto, y en segundo lugar, la Plataforma en Finanzas Sostenibles, entre otras instituciones.

Añade que en Europa se han lanzado diversas iniciativas, como los fondos Next Generation, la Plataforma en Finanzas Sostenibles o el Acelerador de Impacto Social (SIA), cuyo fin es potenciar el desarrollo del mercado.

El trabajo indica que existen diversas iniciativas que proporcionan estándares con creciente reconocimiento internacional. Entre ellos, destaca el IRIS+, EVPA Guidelines, Social Return on Investing, Best Available Charitable Option, Global Impact Invesing Rating System, SDG Impact Standards y, Social Value International Network.

En el contexto español, el Consejo Asesor Nacional de Inversiones de Impacto elaboró una guía metodológica que implica, entre otros aspectos, entender las herramientas existentes en el ámbito de la gestión de impacto; definir objetivos de impacto; definir la cadena de valor de impacto; identificar los objetivos de la empresa participada; identificar a los grupos de interés incorporando a los beneficiarios directos e indirectos y a aquellos que puedan contribuir; definir las métricas relevantes; utilizar estándares y herramientas adecuadas; medir, agregar y verificar las métricas, utilizando mecanismos de recogida de información, incluyendo la verificación externa cuando esta sea relevante; y aprender y mejorar a partir de la información recogida.

ACTIVOS

Asimismo, el documento detalla que en el ecosistema de inversión sostenible actual existen alrededor de 4.000 fondos de inversión sostenible que suman 1,7 billones de dólares en activos gestionados; una cifra a la que habría que añadir los 1,5 billones de dólares negociados anualmente en el mercado de bonos verdes.

“Las cantidades siguen siendo pequeñas comparadas con las necesidades detectadas, pero sus tasas de crecimiento se aceleran notablemente, particularmente en Europa y en Estados Unidos. Además, es importante mencionar que, a raíz de la crisis de la covid-19, se ha observado un aumento del nivel de preocupación por los desafíos sociales y ambientales. Ello se ha traducido en un aumento de la inversión y una mayor madurez del mercado”, añade.

Asimismo, relata que los sectores que más inversión reciben son el de energía y servicios de inversión, mientras que el ‘venture capital’ se sitúa como principal mercado inversor.

La rentabilidad media que ofrecen los fondos de impacto es del 5,79%, con una importante dispersión. El mercado europeo presenta grandes diferencias en su territorio en cuanto a desarrollo de la industria. “Este desequilibrio está determinado por la madurez del sistema financiero, las diferencias regulatorias, las diferentes configuraciones políticas y sociológicas y la filosofía asociada a la economía social y los antecedentes históricos y las prácticas de gobernanza”, explica el documento.