Así lo manifestaron, en un comunicado conjunto, la Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Juezas y Jueces para la Democracia y el Foro Judicial Independiente.

Estos jueces expresaron su “rechazo” a que este acuerdo haga referencia al 'lawfare', que es una exigencia que planteaba el expresidente catalán Carles Puigdemont para llegar a un acuerdo con los socialistas.

Según la APM, el documento del pacto “contiene explícitas referencias a la posibilidad de desarrollar comisiones de investigación en sede parlamentaria a fin de determinar la presencia de situaciones de judicialización de la política, con las consecuencias que, en su caso pudieran dar lugar a acciones de responsabilidad o modificaciones legislativas”.

“PRESIONES POLÍTICAS”

Para estos magistrados, “ello podría suponer, en la práctica, someter a revisión parlamentaria los procedimientos y decisiones judiciales con evidente intromisión en la independencia judicial y quiebra de la separación de poderes”.

“Los jueces han de estar sometidos únicamente al imperio de la ley, puesto que así lo establece expresamente el artículo 117.1 de la Constitución”, afirmaron estas asociaciones. Añadieron que “no son aceptables” las partes del acuerdo que “traslucen alguna desconfianza en el funcionamiento del Poder Judicial”.

“El Poder Judicial en España es independiente, no actúa sometido a presiones políticas y dispone de un sistema de garantías jurisdiccionales que aparta el riesgo que se apunta”, concluyeron estas asociaciones.