Para Rodríguez Arribas, deben ser los tribunales sentenciadores y el juez de vigilancia penitenciaria los que ejerzan el control en la aplicación de las penas, mientras que la misión de la administración pentienciaria ha de ser la de informar sobre la evolución de los penados con el fin de poder aplicarles, si es conveniente, las medidas de rendención de condenas.

Agregó que es preciso que el pase de grado de los reclusos se haga en función de una decisión judicial, con el fin de surimir las actuales normas que se aplican a las condenas y que, a su juicio, suponen un cumplimiento ficticio de las penas, lo que provoca "un escándalo social".

El presidente de la APM señaló que los beneficios penitenciarios deben ser aplicados de manera individual y con un tratamiento científico, teniendo el control sobre ellos los tribunales sentenciadores.

Por otra parte, dijo que la decisión de la Fiscalía General del Estado de no recurrir el pase al tercer grado de los ex policías José Amed y Michel Domínguez, que calificó de reñida, "entra dentro de las posibilidades razonables que se podían hacer con la legalidad vigente".