Entiende la APM que tras las reformas se "esconden intereses políticos partidistas" con el objetivo principal de "avanzar en proyectos de construcción nacional y soberanista de los que forma parte, como elemento fundamental, un poder judicial propio".

Creen, asimismo, que este diseño rompe con el modelo de Estado definido en la Constitución de 1978 y propicia el control del poder judicial "desde el poder político autonómico", con lo que se pone en "grave riesgo" los derechos fundamentales de los ciudadanos y, en particular, el principio de igualdad ante la ley.

Ya entrando en detalle, la APMcalifica de "demagógica" la implantación del modelo de "justicia de proximidad" porque no tiene garantías de independencia, estará ejercida por jueces designados por los ayuntamientos, que serán contratados temporalmente y podrán ser removidos de su cargo.

En suma, la asociación conservadora de jueces considera que, pese a su "denominación atractiva", esta medida no aproxima la justicia al ciudadano, ni mejora la protección de sus derechos y libertades.

En relación a la nueva regulación del recurso de casación, la APM defiende el mantenimiento del Tribunal Supremo como órgano jurisdiccional suprerior con la función básica de unificar la interpretación del ordenamiento jurídico que hacen los distintos tribunales y consideran que lo contrario "puede conllevar un riesgo de desvertebración" en la tarea de fijar doctrina legal.

De igual modo critican la creación de los Consejos de Justicia Autonómicos porque "provocan la fragmentación del gobierno del poder judicial y propicia la influencia en él de los poderes políticos económicos y sociales locales, comprometiendo gravemente la independencia judicial".