El TC revocó la decisión del Tribunal Supremo que condenaba a los financieros Alberto Cortina y Alberto Alcocer a tres años y cuatro meses de prisión por caso de Urbanor, pese a que reconocía que cometieron el delito de estafa.

La decisión del Constitucional se basa en que, cuando se admitió a trámite la querella, el delito había prescribió pese a que la denuncia se había presentado en tiempo.

Por ello, el portavoz de la APM, Antonio García, declaró a Servimedia que el Constitucional, al considerar que ha prescrito el delito, podría estar "invadiendo" competencias del Supremo sobre la jurisdicción ordinal ya que el Alto Tribunal sólo está para asuntos relativos a la Constitución y las garantías de los derechos fundamentales.

En el mismo sentido, Jaime Tapia, portavoz de JpD, indicó que la sentencia recupera el debate que hace tiempo se mantiene entre ambos tribunal sobre la doctrina jurídica sobre la prescripción de delitos.

Ambos portavoces señalaron que sería conveniente que se busque solución a este "conflicto entre jurisdicciones" para evitar casos como el de "los albertos", que provoca cierta confusión en la opinión pública.