Chamorro hizo estas declaraciones en los Cursos de Verano de la Universidad Complutense en San Lorenzo de El Escorial, donde impartió la conferencia "Asociacionismo judicial", dentro del curso "Materiales para la reforma de la Justicia".

El presidente de la APM pidió que se destine un 2% de los Presupuestos Generales del Estado a la justicia, e insistió en que, despúes de tres meses de negociación, "no ha habido avances suficientes" en relación con el compromiso presupuestario prometido por el ministerio de Justicia.

Chamorro reiteró que la convocatoria de huelga seguirá en pie para el día 8 de octubre, salvo que en el mes de septiembre, que es cuando se envían los Presupuestos a las Cortes, la APM vea que "realmente hay un cambio por parte del Ministerio y un compromiso efectivo para el aumento porcentual de los presupuestos".

A su juicio, las asociaciones de jueces "han aparcado" en esta ocasión otro tipo de reivindicaciones de carácter retributivo y sus peticiones se centran en "la mejora y en la optimización de los medios de los que tienen que disponer los jueces y magistrados para la administración de la justicia".

Con respecto al derecho a huelga de los jueces, Chamorro apuntó que corresponde al legislador comprobar si la ley ampara o no el derecho a huelga de los jueces. No obstante, subrayó que no comprende cómo un derecho "tan fundamental, que está reconocido en la Constitución y en todos los tratados internacionales, no pueda ser ejercido por todos aquellos que quieran".

En cualquier caso, alegó que la APM es consciente de la importancia que su función tiene para la ciudadanía y, por lo tanto, manifestó que tomará "todas las medidas para que en los días de huelga los derechos de los ciudadanos estén garantizados y haya unos servicios mínimos que cubran cualquier necesidad de la ciudadanía".

Por su parte, el vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial, Fernando De Rosa, señaló que no cree que la huelga sea la solución, y afirmó que es "el último recurso que debe emplearse en una negociación".

Por último, pidió "un acuerdo y un diálogo máximo" entre el Gobierno y los magistrados, para evitar que exista cualquier paro en la justicia, "ya que quien lo paga son los ciudadanos". "La huelga es la manifestación de una fractura", concluyó.